Cobrar o no cobrar; ésa es la cuestión

El magnate australiano Rupert Murdoch parece no poder concebir el hecho de que algunos de sus negocios no sean rentables. El dueño de Fox, New York Post, The Sun, y The Wall Street Journal, entre otros gigantes de la industria cultural, busca lidiar con el déficit que le generan algunas de las incursiones de sus empresas en la web, y, para eso, quiere ampararse en algún tipo de marco legal que prohíba a los usuarios de Internet reproducir el contenido de sus páginas web.

La intención de cobrar por los servicios prestados en la red comenzó hace más de cuatro años, cuando el New York Times estableció un precio para las columnas de opinión que se publicaban en su sitio. El fracaso de tal medida radicó en el vacío o silencio jurídico que hay con respecto a la reproducción de los contenidos en otros sitios web. De esta manera, los pocos usuarios abonados que pagaban por el “producto” podían difundirlo en cualquier página de Internet y TODOS podían acceder de manera gratuita a las opiniones calificadas de los periodistas del periódico neoyorquino.

Aún con este antecedente, el hombre más poderoso de los medios sostiene que “una industria que regala sus productos está canibalizando su capacidad para hacer buen periodismo”, y de esta manera acaba con cualquier tipo de esperanza de que sus emprendimientos en la web sigan siendo gratuitos. La búsqueda que lo impulsa a encontrar la forma legal de proteger sus negocios cibernéticos e información virtual puede, sin embargo, acabarse si consigue lo que él está seguro de provocar: que el resto de los medios lo imite y se oriente hacia la misma dirección.

Murdoch vs la Internet gratis de Roberto Maidana

Jesteban.net

RedUSERS Comunidad de Tecnología

¿Y el futuro de la Industria de la Música?

En 2007, Radiohead decidió desligarse de EMI y producir un impacto sin precedentes en la industria de la música. Su disco In Rainbows se entregó a cambio de muy pocas libras, desafiando así a las discográficas y dejando en claro que lo que vale, a fin de cuentas, es la música per se. El diario británico The Times no dudó en anunciar ese lanzamiento como “El día que murió la industria musical”.

Tony Wadsworth, presidente de EMI en ese momento y actual  presidente de la Industria Fonográfica Británica (BPI), no coincide con el apocalíptico augurio. Sostiene que el “negocio” ha cambiado, pero que de ninguna manera se acabará, ya que afirma que “la demanda de música y el amor por ella siempre será una parte clave del comportamiento humano”. A pesar de su cargo, está lejos de adoptar una política de persecución jurídica y legal frente a la piratería, y se justifica alegando que la versatilidad de la música hace que pueda orientar sus ganancias hacia otro horizonte que no implique la “campaña física”.

El magnate de la industria musical  está ahora decidido a ayudar al gobierno a controlar el fenómeno de la revolución digital en la música, pero no niega que el desarrollo de la tecnología “haya significado que la música se consuma en más lugares y en más formas que nunca antes, lo cual es fantástico”.

Wadsworth conscientiza a los empresarios interesados al declarar que “la industria está cambiando de un negocio basado en las transacciones hacia un negocio de uso y licencias”, y se siente vencedor en un batalla: aquella que tiene como objetivo “que el consumo de música resulte en cuotas justas que vuelvan a la gente que crea música e invierte en ella”.

Javier Delupi, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), coincide con lo expuesto por el experto británico y argumenta que no hay que organizar una  “policía de la música”. “Tenemos que ponernos de acuerdo con estas personas a las que le gusta la música, y con quienes intermedian en esta situación, puesto que un acuerdo es más reflexivo que una persecución”, esgrime. Frente a la sorpresa que pueden causar estas palabras, Delupi explica: “no consideramos que hayamos bajado los brazos, sino que hemos cambiado la visión de la problemática”.

La Industria de la Música ha cambiado, ¿dónde estará su futuro?

Fuentes:

Página 12: El fin de la policía de la música por Ian Burrell

Página 12: Diferente estrategia por Roque Casciero

Observatorio de Industrias Creativas

Reclamos a la gestión cultural del gobierno de Macri

Luego de leer la nota de María Antonella Marino titulada “La Asociación Argentina de Actores contra la privatización de la cultura”, publicada en este blog el día 13 de Octubre, me interesé por analizar, investigar e informarme acerca de tal cuestión.

Durante los primeros días de Octubre, impulsados por el rechazo a las políticas de gobierno del Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, la autodenominada “Asamblea por la Cultura” emitió comunicados, lanzó volantes y panfletos en la vía pública, marchó por las calles de la ciudad, y reclamó mejoras en su sector. Alegando que “el derecho a la cultura es un bien de todos, tan esencial como la salud y la educación”, el gremio de los actores se movilizó y manifestó frente al teatro San Martín e interrumpió la inauguración del Festival Internacional de Buenos Aires.

Para aquellos que no pertenecemos al ámbito gremial, actoral, dirigencial o gubernamental, es difícil conocer las demandas y los conflictos que hay entre la Asociación y el Gobierno de la Ciudad.

Rafael Carreras, ex actor que aún sigue registrado en el Directorio de Actores, sostiene que “la mitad de los reclamos de los gremialistas tiene sentido y surge en respuesta a equivocaciones de la gestión macrista, pero la otra mitad es parte de un enfrentamiento con tintes políticos que nada tiene que ver con la defensa de la cultura”.

La primera semana del mes corriente la Secretaría Gremial publicó:

El gobierno de Macri:

1. Concibe a la cultura como mercancía
2. Niega el derecho al acceso a la cultura a la mayoría de la población
3. Atenta contra las condiciones dignas de trabajo
4. Profundiza la precarización laboral de los trabajadores de la cultura
5. Sostiene una política sistemática de clausura, cierres y desalojos de los espacios culturales, sociales y comunitarios.
6. Persigue a los artistas callejeros y artesanos, e impide el uso del espacio público.

En otro comunicado, la Asociación Argentina de Actores pide que la Asamblea de Flores, la Huerta Orgazmika del Ferrocarril Sarmiento, el Centro Cultural y Social Almagro, el Centro Comunitario La Casa, el Cirko Trivenchi de Villa Crespo, La Fábrica Ciudad Cultural de Almagro, etc., etc. sean reabiertos o restituídos. Lo que ocurre con estas organizaciones (que sin duda luchan por la difusión de la cultura) es que infringen algunas leyes y no pueden seguir funcionando tal como lo venían haciendo. La Huerta Orgázmika, por citar algún ejemplo, usurpó terrenos estatales en el barrio de Caballito e inutilizó parte de la plaza Giordano Bruno, lo cual provocó la queja de los vecinos. El Cirko Trivenchi, por su parte, realizaba sus concurridas funciones en un galpón cuyo permiso de uso había caducado hacía unos meses. El Centro Cultural del Sur o la Casa de la Cultura Compadres del Horizonte fueron clausurados por el mal estado de sus instalaciones, herencia con la que carga el actual Jefe de Gobierno. El Grupo de Cine Libre de Parque Rivadavia es “perseguido” por la Unidad de Control de los Espacios Públicos y la Policía Federal porque no tienen el permiso requerido para desempeñar sus actividades en espacio público. En estos casos, el Gobierno Porteño no hace más que exigir el cumplimiento de la ley y sus laberintos burocráticos.

En el mismo mensaje emitido, se realizan reclamos que son mucho más justificables y atendibles legalmente, puesto que no se contraponen a lo que dictan las leyes. La defensa del personal del Teatro Colón, la exigencia de pago a los talleristas de los centros culturales barriales a los cuales se les adeudan sueldos de varios meses, o la reivindicación del cumplimiento de la programación presupuestada en el Complejo Teatral Buenos Aires, son causas que se deben oír y resolver expeditivamente, puesto que la industria cultural se ve afectada por semejantes desajustes. Tanto el hecho de que la prestigiosa Banda Sinfónica Municipal (que tiene una honorífica y célebre historia en tierra europea participando en los Mundiales de Bandas Sinfónicas) no cuente con instrumentos en buen estado o que sus músicos no tengan contratos firmados, como la espera de los vecinos de Villa Urquiza para cogestionar el teatro 25 de Mayo con el Estado tal como fue acordado son dos de los tantos casos que han sido sistemáticamente evadidos por la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

“Buenos Aires: loca de cultura”, la “Semana Cultural Buenos Aires-Roma”, “Los barrios porteños abren sus puertas”, los espectáculos barriales de “Calesitas de Buenos Aires”, etc. son iniciativas positivas de la gestión macrista, pero aquellos que están tan compenetrados e interesados por la cultura exigen más. Bienvenidos sean…

Fuentes:

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Subsecretaría de Cultura; Asociación Argentina de Actores, Secretaría Gremial, y Comunicados de la Asociación; Blog de la Asamblea por la Cultura; Nota de Antonella Marino; La Floresta Publicación Digital; Blog El Conejo de la Suerte; Blog Verguenza No Hay; Diario Perfil; Diario La Nación; Revista La Urdimbre.

¡No destruyan nuestro cine!

El Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisuales (INCAA) está siendo investigado por la Justicia desde 2005. Las gestiones de Jorge Alvarez y Jorge Coscia (ex directores del Instituto) tienen la mira de jueces y fiscales que analizan las terribles irregularidades que presenta la entrega de subsidios de los últimos cuatro años. El desmanejo de gastos, los polémicos contratos millonarios con algunos productores, y las injustificables donaciones son algunas de las peores muestras de la corrupción que gobernó impunemente al cine nacional durante un lustro.

Ambas administraciones son investigadas por la entrega de subsidios directos, acción avalada por el ahora prohibido Artículo Tercero, inciso J, de la Ley de Cine. Algunas películas que jamás existieron y otras que nunca se terminaron habrían accedido al privilegio que los corruptos funcionarios públicos permitieron. Los “fondos 3-J”, tal como se los conoce, fueron suspendidos por la actual directora, Liliana Mazure, por la poca discrecionalidad que  suponía el hecho de que las autoridades del Incaa pudieran manejar los fondos y repartir los subsidios con total libertad.

Donaciones de más de un millón de pesos, subsidios de cientos de miles de pesos, contratos poco claros, etc. son marcas registradas de las gestiones de Alvarez y Coscia, que son investigados por enriquecimiento ilícito, violación del reglamento de compras y contrataciones, falta de controles administrativos, y ausencia de dictámenes jurídicos.

Casi todas estas causas salieron a la luz gracias a las denuncias de la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), el Sindicato Industria Cinematográfica Argentina (SICA), y  y el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP).

Es importante resaltar que el Incaa es un ente autárquico, cuyas autoridades dependen de la Secretaría de Cultura y manejan un presupuesto de más de 180 millones de pesos.

Fuentes:

El Incaa y la sombra de los decretos 3-J de Martín Dinatale, en lanacion.com

Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina

Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos

Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público

INCAA