La creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual

El día 22 de octubre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en el Teatro Argentino de La Plata, a través de los decretos 1525/2009 y 1526/2009, la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El organismo es autárquico y descentralizado y tiene como función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley.

Su directorio está conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. La AFSCA reemplaza al COMFER y tiene la función de “fiscalizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley y los compromisos asumidos por los prestadores de los servicios de comunicación social en los aspectos técnicos, legales, administrativos y de contenidos”.

También tiene la obligación de “declarar la ilegalidad de las estaciones y/o emisiones y promover la consecuente actuación judicial” y tiene el poder para sancionar a aquellos grupos que no cumplan con la ley con llamados de atención, apercibimiento, multa del 0 al 10% de la facturación del mes anterior, suspensión de publicidad y pérdida de licencias. Están enfocadas principalmente las sanciones hacia los incumplimientos de adjudicación de licencias, constitución de redes emisoras sin previa autorización, otorgamiento de espacios de la programación a terceros y celebración de contratos de exclusividad con empresas comercializadoras de publicidad o con organizaciones productoras de contenidos.

 

Fuentes: COMFER; Señales; diario El Bolsón

Telefónica levanta la demanda

Frente al Ciadi, tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundia, la empresa Telefónica finalmente levantó su demanda contra la Argentina por las consecuencias de la pesificación y el congelamiento de las tarifas. La operadora decidió ponerle fin al conflicto que estaba en discusión desde el año 2002 y concretar un acuerdo con el Gobierno argentino.

El conflicto surgió por el impacto de la pesificación de la economía en 2002 y la empresa española exigió un pago de $2.800 millones en compensación por los daños producidos. Actualmente, Telefónica era la última de dicho país en retirar los cargos. Con este acto, ambos lados pudieron cumplir con la carta de entendimiento que firmaron en el año 2006.

La operadora dejó en claro que tomó esta medida por conveniencia, prefiriendo concentrarse en los intereses de sus accionistas que mantener un conflicto eterno que no preveía ningún tipo de solución. Asímismo, sostuvo que tiene intenciones de retomar la discusión y renegociar los precios en el futuro.

 

Fuente: CADIEEL

UACoPi: la militancia contra la piratería

Puedo ver en la Unión Argentina de Videoeditores una gran iniciativa por defender la industria de contenidos y enfrentarse a la contrainteligencia detrás de la piratería. La distribución ilegal de contenido es un negocio de $700 millones anuales y supone una verdadera amenaza incontrolable para estas industrias. Desde el año 2008, la UAV fue una de las primeras organizaciones en centrar un foco y declararle la guerra a lo que denominan “comercio ilegal pirata”.

Buscando el apoyo de distintas organizaciones que lidian con el mismo problema, la UAV vio la formación de la Unión Argentina Contra la Piratería (UACoPi), organismo que tiene como objetivo “instar a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a la aplicación de la normativa vigente y fortalecer la competencia de los funcionarios encargados de observancia y el cumplimiento de la ley”. Junto a la Unión de Trabajadores de Sociedades de Autores (UTSA), la UACoPi definió como plan de acción: solicitar reuniones y audiencias a nivel del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno Nacional, presentar al Estado acciones e iniciativas concretas y proponer un trabajo conjunto público-privado.

El 28 de octubre, en el espacio INCAA, las dos organizaciones ya mencionadas más el Sindicato Único de Trabajadores de Espectaculos Públicos (SUTEP) impulsaron una reunión con el fin de encontrar la solución al uso de contenidos ilegales en cualquier forma que afecte a estas industrias. Argentores, CAPIF, SADAIC, AADI se hicieron presentes y mostraron su interés por resolver la problemática.

Resulta interesante ver como afecta a tantos organismos la iniciativa de la UAV. Con una movilización tan masiva, es posible que puedan acercarse más a un refuerzo de las políticas de protección de las industrias de contenidos conta la piratería.

Fuente: Argentores, UACoPi

El nuevo negocio de YouTube

El sitio web de alojamiento de videos más famoso del mundo, perteneciente a Google Inc., se encuentra negociando con diversas productoras y estudios como Lions Gate Entertainment, Time Warner, Sony Pictures y Metro Goldwyn Mayer para disponer y distribuir sus films, estableciendo un negocio de alquiler de videos. En otras palabras, los usuarios serán capaces de pagar para poder visualizar desde la misma página cualquier película disponible de un gran archivo.

Google no es la primera empresa que tuvo dicha iniciativa; Amazon, ITunes, Netflix y  Microsoft Xbox ya cuentan con servicios de alquiler de películas, YouTube se estaría simplemente sumando a la competencia. La forma de alquiler sería similar, pagando una tarifa de 3,99 dólares, el usuario tendrá acceso a diferentes películas, incluso al mismo tiempo que se encuentran disponibles en DVD.

Este nuevo negocio supondría un avance para el sitio y para la industria audiovisual en general, implicaría una buena adaptación a un nuevo paradigma y una nueva forma de distribución de contenidos, permitirá no sólo la publicación de películas sino también de programas de televisión y clips promocionales e incluso algunas películas sin costo, financiadas enteramente por publicidad. Debido a la caída a nivel mundial de la venta de DVDs, esto sugiere una vía de solución para el cine.

Algunas películas ya están siendo exhibidas en la página, sostenidas por anuncios, pero no se trata de éxitos de taquilla sino películas antiguas y documentales, lo cual sirve para promocionar el nuevo negocio y ayudar a un acostumbramiento. Sin embargo, a nivel internacional, aún sugiere un problema el copyright. Las regulaciones impiden severamente que varios países (Argentina entre ellos) tengan acceso a estos contenidos. El diario Crítica publicó la opinión del presidente de la Unión Argentina de Videoeditores, quien reconoció que “no vemos este modelo con malos ojos. Apoyamos la oferta a través de internet, pero con sistemas legales, donde el usuario pague por el servicio”.

Habrá que ver, una vez encaminado el proyecto, si esta iniciativa será suficiente para aportar una buena fuente de ingresos a la industria del cine y a la vez defenderse contra la piratería. En mi opinión, será difícil acostumbrar a los usuarios a pagar por un contenido que solían obtener de forma gratuita y sin restricciones, pero la alternativa es sensata, por lo menos.

 

Fuente: Sinca; diario Crítica

El paradigma de transición. Entrevista a Roberto Igarza.

Es notable cómo la industria de contenidos ha cambiado de una forma tan radical al verse sumergida en un nuevo paradigma, en nuevas aguas que representan una nueva forma de ver, producir y recibir la información, un nuevo camino hacia el futuro. Nuevos planteos y nuevas políticas se cuestionan y se llevan a cabo todos los días con la esperanza de lograr dominar estas aguas turbulentas y cruzar hacia el otro lado; la convergencia de medios, la nueva audiencia activa, los nuevos servicios, la globalización son factores que, si bien suponen una enorme amalgama de posibilidades e ideas novedosas para algunos, para otros sugieren un peligro y una constante incertidumbre.

Llama particularmente la atención el ver que políticas similares con los mismos objetivos se desarrollan y tienen consecuencias muy distintas en cada país. ¿Por qué determinadas regulaciones funcionan efectivamente en países como Estados Unidos y no en Argentina? ¿Qué factores determinan la correcta adaptación de una industria al nuevo paradigma y cuáles la impiden? ¿Qué industrias han sido capaces de mostrarse lo suficientemente fuertes como para sostenerse en este nuevo panorama? ¿En qué consiste básicamente este nuevo paradigma? ¿Cómo deben reaccionar las audiencias? Si bien pocas de estas cuestiones han sido concretamente resueltas, su planteo y replanteo constante nos deja un paso más cerca de la orilla.

A la sombra de estas preguntas, consulté a Roberto Igarza, Doctor en Comunicación Social, para discutir en qué consiste este nuevo paradigma que se presenta de manera tan imponente. El doctor declaró que es evidente que Internet plantea un desafío que nunca se había enfrentado con anterioridad, que tiene que ver con la velocidad con la que la información circula, la alta accesibilidad que tiene y con el debilitamiento de un modelo autoritativo anterior en el que la lógica industrial condiciona fuertemente la distribución de contenido. Las preguntas que todos los involucrados se hacen tienen que ver con un estado de incertidumbre hacia el objetivo, pero la verdadera cuestión que deberíamos plantearnos es si nos estamos haciendo las preguntas correctas. La situación es tan novedosa que es impensable la idea de establecer pautas de carácter conclusivo, nadie sabe qué depara el futuro ni cuál es el camino ideal para llegar a él. Esto es característico de una nueva etapa que el Dr. Igarza denomina “paradigma de transición”.

Una forma en la que las industrias se ven afectadas por el cambio de paradigma tiene que ver con la piratería y los DRM o Digital Rights Management (los gestores de contenidos digitales), los cuales están basados en una inteligencia “que todo el tiempo está contraatacada por una contrainteligencia que avanza a medida que avanza esa inteligencia. Uno produce un nuevo código para proteger los contenidos y al mismo tiempo hay alguien en el mundo que tiene capacidades para actuar en contrainteligencia y desbordar las herramientas que sirvieron para protegerlos y favorecer el consumo ilegal de esos contenidos. El hackeo es permanente y no hay DRM que aguante de manera consistente el 100% de las embestidas que tiene ese lado ilegal que tiene la comunidad de los internautas”.

Parecería, a su vez, que la cuestión no surge sólo por la aparición de Internet y el uso de la contrainteligencia; hoy vemos surgir un nuevo tipo de audiencia, una audiencia más activa y propensa  a participar en la producción, distribución y consumición de contenidos. El entrevistado remarcó la importancia que tiene comprender a estas nuevas audiencias, saber hacia donde nos llevan y qué es lo que exigen, eso es lo que mejor permite la adaptación al nuevo paradigma, frente al cual no hay certezas.

Otro problema con el que nos encontramos tiene que ver con la situación legal. La regulación en cuanto a la industria de contenidos es muy diferente en cada país y en cada contexto. El Dr. Igarza lo ejemplifica de la siguiente manera: “Hay una filosofía, una fórmula que proviene de la independencia de EEUU que de alguna manera impregna la forma de mirar el mercado. Ese fundamento dice que en realidad el Estado interviene cuando hay conflicto, entonces lo que hace es plantar las bases para que las personas puedan entenderse y solo intervenir cuando hay conflicto. Una filosofía diferente es una más europea, una filosofía de mucha regulación y una metarregulación, es decir una regulación a nivel territorial, cada país tiene fuertes regulaciones, y una metaregulación que es la regulación de la Unión Europea que a su vez invita a que los países integrantes adopten la opinión de la mayoría que se refleja en una recomendación a nivel de la Unión Europea. Eso tampoco funciona del todo en la medida que, si bien el mercado es muy amplio, hay diferencias notables en el concepto, en la forma de mirar el mercado entre Inglaterra y Francia y Alemania. En Francia por ejemplo tenés un Consejo del Audiovisual con fuerte presencia de los consumidores, a nivel nacional, que a su vez se hace cargo de Internet. Hoy en realidad cualquier ley, cualquier regulación tiene q hacerse cargo de los nuevos medios, la metared es en definitiva el soporte de esos nuevos medios, no hagamos caso omiso, no regulemos la TV sino el espectro aggiornado que incluye un factor decisivo a la hora de pensar las industrias de contenido. Del otro lado, hay que decir que en compensación EEUU teniendo Hollywood, un motor muy potente con un alto nivel de provisión de fondos a las cercas estatales, porque en definitiva es una industria destinada a la exportación, lo que hacen es regular fuertemente el uso de los derechos, extienden los derechos más alto de tal forma de evitar que caigan en el dominio público al igual que caen en otros países. De esa forma EEUU es tan regulador como Francia o Alemania para proteger en definitiva su IC porque el pago de derechos de autor en una explotación de segunda, tercera, décima ventana sigue proveyendo fondos y le da continuidad a la industria de Hollywood […] La gran pregunta es: ¿Cuánto hace el estado para sostener esa industria de contenidos entendiendo que amerita ser protegido? Cada sector siempre va a pedir barreras, las industrias de contenidos, a mi juicio, tienen q preservarse porque son el vector principal de nuestra cultura.”

Entonces ¿qué sucede con la piratería? Si no hay un control firme y concreto de la distribución ilegal de contenido ¿por qué esa situación está mejor controlada en países como Estados Unidos mientras que es una práctica común en Argentina? La industria de la música es una de las más afectadas en este caso, habiendo desaparecido casi enteramente la idea de la “discográfica” y encontrándose los artistas en un momento en el que los discos dejan de ser sus principales fuentes de ingresos. Norteamérica toma como vía de solución la venta por canciones, lo cual implica un buen entendimiento de las exigencias de la audiencia. El entrevistado aclaró que esto es un tema puramente industrial, no cultural. “Me parece que el cambio de paradigma que propone la industria de la música tiene que ver con un cambio de unidad, y ese cambio de unidad es un elemento larvado en otras industrias que no esta siendo adecuadamente visualizado como parte de ese paradigma de transición. Lo que hay que hacer es facilitar que el usuario que esta mas dispuesto a ser activo que antes y que quiere el organizar su propio cd, construir su propio genero a lo largo del día, el recorrido por la música es el de él”.

El panorama frente al que nos encontramos no es sencillo de comprender, involucra una serie de cuestiones que no tienen una solución simple y universal. Se nos ha presentado un desafío sin precedentes y es deber de las industrias de contenidos adaptarse al nuevo paradigma, comprender a las audiencias y facilitar la interacción con los nuevos usuarios más capacitados y activos. Asimismo, el Estado debe mostrarse fuerte y firme, plantando bases y armando políticas que ayuden a la adaptación y a lo que se asume que es el correcto consumo, y que sean lo suficientemente versátiles como para modificarse según cómo evolucione la situación. Es un proceso de constantes preguntas y muchos errores pero no de soluciones únicas ni exactas, la regulación tiene que servir a la transición a la vez que impide el abuso y el avance de la contrainteligencia. No es algo fácil de lograr, pero sugiere una capacitación de parte de la industria, una habilidad para conocer a la audiencia y al entorno.

La piratería según Capif

La asociación Capif, que representa la industria de la música en Argentina, declaró recientemente al diario La Gaceta, que la piratería está en aumento y la provincia más afectada es Tucumán. Según el abogado Germán Gutierrez Ferronato, de cada diez discos vendidos, seis son “piratas”, y la mayoría se venden en puestos ambulantes desatendidos por el Estado.

Se ha señalado también que la falta de control ha llegado a un nivel tal que hoy en día existen auténticas industrias que se encargan de descargar música, grabarla en discos y distribuirla a locales de venta ilegal.  El abogado sostuvo que “la persona que vende, de todas formas, sabe que está infringiendo la ley. El tema es que los consumidores compran, mientras las autoridades no hacen nada, y la piratería, entonces, se termina instalando en la sociedad como algo lícito”.

Esta situación supone una gran amenaza a las empresas discográficas y, quizás en menor medida, a los artistas mismos; la venta de discos ya no puede considerarse una fuente de ingresos y la industria encuentra un obstáculo para su crecimiento al no poder competir con los bajos costos de los vendedores ilícitos. Gutiérrez Ferronato expresó finalmente que los artístas, hoy, viven principalmente de los recitales y que el problema sobre el cual el Estado tiene que ejercer un mayor control es la venta ilegal y no necesariamente la venta ambulante.

 

Fuente: Capif

Tres opiniones acerca de la Ley

El constitucionalista, Ricardo Gil Lavedra, el Doctor en Economía, Diego Petrecolla, y el experto en Telecomunicaciones y Radiodifusión, Henoch Aguiar, analizaron con detenimiento los aspectos de la Ley de Servicios Audiovisuales relacionados con el derecho de competencia y facilitaron sus conclusiones a la Asociación Argentina de Televisión por cable.

Gil Lavedra estableció que la ley “vulnera el principio de inocencia al dejar firme la sanción para que sea recurrida, con lo cual hasta que se revoque se cumple. Introduce absurdos como que dos faltas leves dan lugar a una grave, que se puede sancionar hasta con la suspensión de  publicidad. La suspensión de la licencia carece de criteros objetivos. Las sanciones son tan absurdas que son mayores a las del Código Penal.
Describió luego a la Ley como una que está pensada para restringir, impropia de la Democracia que trata de reflejar, y propone que un Congreso plural se puede generar una reglamentación más tolerante y menos prepotente.

Petrecolla anuncia que “esta ley va a promover la concentración, no incentiva a la innovación tecnológica. Hay contradicción entre los instrumentos que utiliza y los objetivos que persigue. La televisión abierta y el cable son dos servicios y mercados diferentes. Uno es pago y el otro no. No hay nada desde el punto de vista de la eficiencia económica que justifique la prohibición de tener canal de aire y cable.
El economista finaliza exclamando que la Ley atrasa treinta años en defensa de la competencia, no promueve el avance tecnológico, la competencia, la baja de precieos, el aumento de servicios y no beneficia al ciudadano. Coincide con Gil Lavedra en que posee un caracter prepotente e intolerante.

Aguiar demuestra que hay contradicciones en el proyecyo, como el hecho de que “si se impide la venta, también se impide la desinversión o entrega las licencias a los amigos del Gobierno. Cierra la participación del capital extranjero de medios, pero nada dice de financieras u otros objetos sociales.”
Concluyó diciendo que la ley va en contra de la tendencia y el desarrollo mundial de la industria de medios.

Fuente: ATVC

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El apoyo militante de la FATPREN

Tras la sanción de la ley de servicios de comunicación social, la federacion argentina de trabajadores de prensa mostró su aprobación rindiendo homenaje a las organizaciones sindicales de la comunicación y a los legisladores que apoyaron el proyecto. A su vez, el organismo calificó a los grupos opositores como “grupos monopólicos de medios, que hasta la fecha venían desarrollando un ejercicio arbitrario de poder en el campo comunicacional de la Argentina”.

En una nota publicada en su página oficial, la FATPREN acusa a los grupos opositores de usar los medios como instrumento para “instalar la mentira social”. También hace una mención especial del doctor Damián Loreti, abogado especializado en derecho a la información, por su participación en el debate.

La publicación finaliza con una violenta declaración de que el organismo estará alerta para defender la nueva ley “para que los enemigos de la información plural y de la redistribución de la riqueza no nos arrebaten este derecho fundacional para la comunicación democrática del pueblo argentino”

Fuente: FATPREN

La Asociación Argentina de Actores expresó su apoyo por el proyecto de la Ley de Medios

La Asociación Argentina de Actores se presentó en el Congreso de la Nación el día 14 de septiembre para demostrar su favorecimiento por el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales. Durante la ponencia, la secretaria adjunta del organismo, Ana Celentano, tocó temas como la “justa distribución de la riqueza cultural del pueblo”, el distanciamiento de un monopolio concentrado, la regulación de la publicidad, la defensa del trabajo de los actores intérpretes y la promoción de la diversidad estética.

La Asociación acusó a los grupos opositores al proyecto de querer mantener una ley monopólica y vigente desde la época de la dictadura y de desear mantener el status quo, cuestionando la iniciativa de crear una “radiodifusión democrática” sin proponer alternativas.  Asímismo, se sostuvo que la ley implicaría más y mejor trabajo para los actores, que carecen de jubilación y se encuentran limitados por la emisión de programas y películas extranjeras. El organismo propuso que haya una emisión de producción nacional del 70%, en vez del 60%, agregando el concepto de “producción nacional con estructura dramática de ficción.

La secretaria adjunta también solicitó la preservación de espacios publicitarios para la radiodifusión gratuita, dado que la televisión por suscripción tiene otras fuentes de financiamiento como el cobro de abonos, y una revisión de la inclusión de las empresas telefónicas en las empresas telefónicas, dado que cualquier centralismo supondría un ahogo de la competencia de menor envergadura económica. Finalmente, se apeló a la necesidad de pluralidad, evitando que la subjetividad ciudadana sea la realidad imperante y permitiendo que se desarrollen otras realidades socioculturales, y se sostuvo que es necesario el doblaje de películas extranjeras con actores argentinos y la emisión de programación en el idioma oficial.

Fuente: Asociación Argentina de Actores

Trabajadores de UTPBA y de ANSA se declaran en estado de asamblea permanente

Los miembros de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires se unieron a los de la filial argentina de la agencia italiana de noticias ANSA, el día 10 de septiembre, para declararse en estado de asamblea permanente tras una negativa de parte de la empresa a renovar el acuerdo sobre una recomposición en la escala salarial, el cual se asumió ante el Ministerio de Trabajo y venció el 31 de diciembre de 2008. Los empleados señalaron que “el director de la empresa para América Latina, Stefano Poscia, subordinó una eventual negociación a la superación de la crisis económica en Italia, desconociendo el contexto inflacionario en Argentina y la recomposición y acuerdos salariales producidos en otros gremios y medios periodísticos en este país, incluidas otras agencias de noticias europeas”.

Frente a las acusaciones de que la filial lleva nueve años sin cumplir los convenios de prensa, Poscia declaró que lamentaba la falta de leyes en Argentina que permitan retiros anticipados como variable de ajuste y dudó de la calidad del servicio periodístico para justificar la ausencia de una política de marketing para América Latina”.  Los trabajadores critican la indisposición de parte de la empresa a dialogar y la discriminación hacia los empleados latinoamericanos.

Fuente: UTPBA

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