En medio de un torbellino de idas y vueltas por el Congreso, la Ley de Servicios Audiovisuales no descansa. Ahora se adueña de la escena la polémica «fe de erratas» que el Poder Ejecutivo envió en su afán de evitar cualquier modificación después del 10 de diciembre, día en que el Congreso verá renovadas sus bancas, y el oficialismo, su presencia disminuida en el Parlamento.
Con respecto al tema se contactó a una voz representante de una empresa privada de medios de comunicación, que pidió guardar anonimato por razones que atañan su propia seguridad y la de la empresa.
El entrevistado aclara que la “fe de erratas”, «en modo alguno puede ser un instrumento para eludir el debate parlamentario y/o para subsanar errores de naturaleza y entidad tales, que debieran ser discutidos en los recintos parlamentarios de diputados o de senadores». Esta medida fue necesaria como consecuencia de que «cometieron errores en el texto enviado al Senado, el que es distinto al aprobado en Diputados». No cabe duda que se trata de una maniobra política para «subsanar los errores», apurar la aprobación del proyecto y evitar que el debate del Congreso se extienda a diciembre, cuando se renuevan las bancas.
La discusión en torno a la constitucionalidad de la ley se centra en diversos aspectos. Según la fuente mencionada, «hay artículos de la ley que son francamente inconstitucionales por afectar la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la propiedad y derechos adquiridos legítimamente al amparo de la legislación anterior». Ejemplifica de esta forma: «si se crea un conglomerado de medios estatales de radio y televisión que dependen del PEN y se les permite formar y actuar en “cadena”, tanto de contenidos como de publicidad y, a la par, se prohíben las cadenas privadas de radio y TV… entonces se está afectando la igualdad ante la ley y la libertad de contratación, la libertad de comercio de las emisoras privadas y, también, la libertad de expresión». Explica que el prohibir a las emisoras trabajar en cadena «golpea el valor compañía de dichas empresas» y esto significa un daño grave a los propietarios de esos medios. En lo que refiere al plazo de un año fijado para la venta, agrega que está pensado para que el gobierno continúe en el poder «para “fiscalizar” que dichas ventas tengan lugar y, más aún, grupos económicos afines al gobierno actual, están interesados en comprar, “muy barato”, el desguace de medios privados».
La creencia común de muchos sectores de la sociedad es que la ley fue producto de la sed de venganza por parte del Gobierno contra los medios independientes: «Les dolió que los medios mostraran lo que estaba sucediendo en el marco del conflicto con el campo; les dolió que los legisladores no aprobaran la legislación sobre retenciones y se lo atribuyeron a los medios; les dolió la derrota electoral del 28 de junio, a nivel nacional y de Provincia de Buenos Aires…». Fue así como comenzó la persecución obsesiva a los medios de comunicación, en especial a los grandes grupos de empresas.
Aprobada la controvertida ley, ahora restan las respuestas a varios interrogantes, como «¿Qué dirá la Justicia ante los planteos de inconstitucionalidad que los dueños actuales de medios están realizando?¿Será nuestra Justicia suficientemente valiente e independiente del gobierno de turno? ¿Se saldrá el gobierno con la suya al pretender que haya grandes medios estatales que dependan de él, y muchos medios privados, chiquitos y baratitos, para ser comprados por los amigos del poder?»
Poco a poco el camino que la Argentina transita se va dibujando con mayor claridad: «¡Cualquier parecido con la Venezuela de Chavez no es mera casualidad!»
Entrevista a una fuente anónima perteneciente a na empresa privada de medios de comunicación.
20 de octubre de 2009.
Aleida González Abrazian
María Antonella Marino
Barbara Pereira
Isabella Cavanna
María Paula Roselló
Pablo Barone
Sofía
Valentina Chozas
Marco Jurídico de las Industrias Culturales de la Argentina 